Por Bárbara Rincón
NO FUMADOR:
Durante muchos años las personas no fumadoras se han visto perjudicadas por la contaminación del cigarrillo, sufriendo de problemas de salud y molestias en sitios públicos. Sin embargo, con la ley de prohibición de fumar en espacios públicos estas personas se han visto beneficiadas.
En primer lugar, no están expuestas a la contaminación y pueden prevenir las enfermedades que se generarían por ser un fumador pasivo. Los ambientes se prestan para compartir tiempo en familia y las madres no deben preocuparse porque sus hijos inhalen humo de cigarrillo en espacios públicos. Y en segundo lugar, se cree que esta ley puede disminuir la cantidad de fumadores al dificultarles realizar esta actividad con la frecuencia de antes.
En definitiva, esta normativa legal establece protecciones sobre aspectos hasta hoy no controlados en cuanto a drogas legales, basados en elementos de resguardo y prevención. Actualmente, los intereses colectivos se sobreponen a los hábitos, culturas y libertades para establecer límites y legislaciones a favor de aquellos que no consumen cigarrillos.
FUMADOR:
Las personas están conscientes del daño que puede causar el cigarrillo para quien lo usa y lo inhala. Sin embargo, la prohibición de fumar en espacios públicos coarta la libertad y derechos de los ciudadanos fumadores.
En primer lugar, para el momento en que se proclamó la ley se tomaron en cuenta las peticiones de las personas no fumadoras, pero excluyeron las necesidades de la minoría que sufrió los cambios. Es decir, se pudo haber tomado la decisión de crear espacios debidamente acondicionados para fumadores en sitios privados como Centros Comerciales o Discotecas. En segundo lugar, se debieron realizar campañas masivas de concienciación para que los consumidores de esta sustancia legal disminuyeran su uso por iniciativa propia y no lo hicieran a causa de una imposición del Estado. Por último, se irrespeta el sentido de la propiedad privada ya que el propietario del local es la única persona con derecho de decidir si permitirá el uso del cigarrillo o no; el Estado no debería interferir ni coaccionar para que se cumpla esta ley en sitios privados.
En conclusión, esta ley menosprecia los derechos que poseen los ciudadanos fumadores y atenta contra la propiedad privada y la libertad individual.
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